Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Hace dos días, el Congreso local oaxaqueño aprobó la Ley de Expropiación, en un abuso de poder del Estado. Así, vamos rumbo al cambio de nombre de Oaxaca de Juárez, por Oaxaca de Jara, como resultado de la Nueva Ley de expropiación. Ya no hay propiedad privada.
Con la nueva Ley de Expropiación, el Gobernador de Oaxaca Salomón Jara, va a poder expropiar lo que quiera. Es por eso, que ya el pueblo está diciendo que antes de terminar su sexenio, estará en la posibilidad de cambiarle el nombre a la entidad.
El cambio sería: en lugar del actual nombre: Oaxaca de Juárez, se podría llamar: Oaxaca de Jara. Dada la cantidad de bienes de los que se puede apropiar, con la nueva Ley de Expropiación.
El Congreso Local, justificó la nueva ley con argumentos falaces sin ninguna verdadera argumentación. Los diputados dicen que esta nueva ley es para fortalecer certeza jurídica y derechos de la ciudadanía. Y que actualiza el ordenamiento después de 7 décadas.
Siendo que lo único que hace esta nueva ley, es dejar en completo estado de indefensión al ciudadano, que ahora, será expropiado “legalmente”, al capricho del titular del poder ejecutivo, Salomón Jara.
Según los diputados oaxaqueños, esta nueva ley va a fortalecer el Estado de Derecho. Así que el Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria el dictamen derivado de la iniciativa que presentó el titular del Poder Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, por el que se expide la nueva Ley de Expropiación del Estado, con el objetivo de sustituir el marco jurídico que estaba vigente desde 1950, a fin de armonizarlo con los estándares actuales en materia de derechos humanos, debido proceso y seguridad jurídica.
En primer lugar, es aberrante que los diputados pretexten y expongan como argumento que esta Ley databa de 1950, y que había que actualizarla. Con ese falaz argumento, tendríamos que modificar el Derecho Romano, que es el cimiento de la organización política de todos los países occidentales, porque ya tiene muchos siglos, y no ha sido actualizado. Simplemente, ¡una ridiculez!
También detallaron, que la nueva ley establece un marco normativo moderno que regula con precisión las causas de utilidad pública, define procedimientos administrativos claros y garantiza el respeto pleno a los derechos de las personas.
Otra mentira, la nueva Ley de Expropiación, es confusa y difusa. Lo único que sí deja en claro la nueva ley, es que el ciudadano puede perder su propiedad ipso facto, y que el estado dispone de 5 años para empezar a pagarle, la posible indemnización.
Subrayaron también que la Nueva Ley, incorpora los avances constitucionales derivados de la reforma en materia de Derechos Humanos de 2011, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que permite consolidar un esquema en el que la actuación del Estado se rige por principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad.
Sigue la cascada de falsedades, porque la 4T, ha desmantelado a los contrapesos encargados de los Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está completamente supeditada a los designios de Palacio Nacional. Y a encubrir o minimizar las violaciones a tales derechos. Sino, pregúntele a los de Ayotzinapa o a las Madres Buscadoras.
También aluden los diputados oaxaqueños, a la SCJN, cuando lo que hoy tenemos del Poder Judicial, es una SCJN, elegida por la Ley del Acordeón, y que jamás va a fallar en contra del Poder Ejecutivo de la presidente Claudia. Ya no hay propiedad privada.
Ante el argumento de utilidad pública, con esta nueva ley, el ciudadano quedó en total estado de indefensión, para proteger SU propiedad privada. El estado, entiéndase, el gobernador o cualquier organismo público, autónomo o municipio, puede acabar con la propiedad privada del ciudadano oaxaqueño.
Hay que resaltar que esta nueva Ley le otorga un poder ilimitado al consejero jurídico del estado y elimina cualquier contrapeso. Ya no hay seguridad jurídica, sino decisiones arbitrarias.
Los proyectos de infraestructura en educación y salud, que supuestamente justificarían la expropiación de la propiedad privada, nadan en un mar de arbitrariedad y discrecionalidad. ¡Se acabó la propiedad privada en Oaxaca!
Que no se nos olvide, los diputados oaxaqueños aprobaron esta Ley, solamente porque así se lo ordenó el gobernador Jara, en un desplante por demás dictatorial. Pobre México, que todavía no se da cuenta, que ya estamos en una dictadura y que hemos perdido la democracia.
La propiedad privada en Oaxaca ha sido suprimida, hoy se encuentra al arbitrio y capricho del que maneje el poder ejecutivo. Lo único que puede esperar el ciudadano al que le expropien, son unas monedas, pasados 5 años de arrebatarle su propiedad, monedas que además, se las van a pagar a plazos. O sea, prácticamente, no le van a pagar nada.
¡Se acabó la propiedad privada en Oaxaca! Y Salomón Jara, en el tiempo que le queda, puede convertir a Oaxaca de Juárez en… ¡Oaxaca de Jara!
¡Suerte! y hasta los próximos
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