Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Ya son 8 años del asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
El 26 de septiembre de 2014, la muerte de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, hizo emerger en México un amplio movimiento en solidaridad con los familiares de las víctimas, cuya principal consigna es la presentación con vida de estos estudiantes.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968.
Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.
Más tarde, esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
Ya han desfilado procuradores, fiscales, presidentes de la república, gobernadores, secretarios de la Sedena, presidentes municipales, diputados, senadores, etc. Y no hacen más que aumentar las carpetas de desinformación o mejor dicho, de confundir al pueblo con conclusiones de culpabilidad que solamente van acordes con los tiempos políticos y la conveniencia del Presidente de México en turno.
La última novedad del caso es que: El gobierno de México asegura que un coronel del Ejército, José Rodríguez, ordenó asesinar a seis de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Así lo ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y encargado de la comisión presidencial que investiga el caso.
Bueno, ahora tenemos la variante de que a seis estudiantes los mató el Ejército. Y ese coronel es el chivo expiatorio de la nueva versión de Ayotzinapa 2014 para ofrecer a la ciudadanía la percepción de que AMLO si hace justicia. Pero en esencia, simplemente tenemos que restarles seis a los 43 estudiantes originales y nos quedan 37, que serían los que les entregaron al grupo delincuencial Guerreros Unidos y también tenemos que suponer que a esos 37 estudiantes, que la policía municipal le entregó a Guerreros Unidos, los incinera este grupo criminal. Porque esta versión de la quema en el basurero municipal, no ha cambiado, en todas las versiones se acepta que ahí incineraron a los estudiantes.
Y es ahí donde está el pero, la física no miente, para incinerar un cuerpo humano se necesitan temperaturas de arriba de mil 200 grados centígrados, y esa temperatura sólo se puede alcanzar en un horno cerrado y no a cielo abierto, como es el caso del basurero municipal.
Esto lo hemos repetido hasta el cansancio en esta columna en diferentes artículos. Y si no quieren ir a preguntar a una universidad sobre la inviabilidad de incinerar un cuerpo humano a cielo abierto. Simplemente pregúntenle a cualquier funeraria sobre la posibilidad de incinerar un cuerpo humano en un basurero a cielo abierto y cualquier funeraria los va a decir que eso no es posible, aunque utilizaran miles de llantas (que es la tesis que exponen).
Pero en fin, ésta, la última versión, la versión AMLO, sigue en la misma tesitura, la de que ahora 37 ya no 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal.
Las interrogantes surgen también por la supuesta actuación del grupo Guerreros Unidos. A nadie le cabe la menor duda de que estos criminales tienen una tremenda experiencia desapareciendo cadáveres. Incluso, para eso los contrataron: para desaparecer a esos 37 estudiantes, que ya no 43.
¿Y qué, era la primera vez que iban a desaparecer un cuerpo humano? ¡Claro que no! entre otras cosas, este grupo criminal ¿no es a lo que se dedica?
Además, ¿por qué iba a experimentar el grupo criminal incinerar esos cuerpos en un basurero? siendo que ellos tienen mucha práctica en desaparecer cadáveres por diversos métodos ¿Por qué la necedad de la incineración? ¿Por qué esa necedad de la incineración, llevada al extremo de andar investigando en las funerarias, si alguien no había utilizado el servicio de cremación, para los ahora 37 estudiantes desaparecidos por Guerreros Unidos? ¿Por qué la contaminación de la supuesta escena del crimen (el basurero), por parte de la Marina?
Y lo más tenebroso: ¿Guerreros Unidos no está metido en el negocio de los grandes sembradíos de amapola y en el negocio de la heroína obscura que el estado de Guerrero exporta a los Estados Unidos?
¿Por qué el Ejército se reservó a seis de los 43 estudiantes? ¿Por qué la autoridad municipal les encarga la desaparición de 37 estudiantes a los delincuentes de Guerreros Unidos? ¿Por qué las demás corporaciones hicieron mutis esa noche?
¿No será que el trasfondo de todo esto, es que los estudiantes metieron las narices en el negocio del narcotráfico? ¿Usted qué opina señor Presidente?
¡Suerte! y hasta el próximo
De Análisis Político
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